El debate en la Cámara de Diputados fue intenso, con argumentos sólidos y chicanas políticas. Durante más de 20 horas, los legisladores discutieron cada aspecto del proyecto, reflejando la diversidad de opiniones en el recinto. Mientras La Libertad Avanza lograba su objetivo, la oposición manifestaba su rechazo, con bloques enteros como Unión por la Patria y la Izquierda votando en contra.

La aprobación en general marcó el comienzo del análisis en particular, donde se centraron los puntos más controvertidos. Con modificaciones propuestas por el bloque de Pichetto, el oficialismo aseguró el respaldo necesario para avanzar en la reforma del Estado. Destacó especialmente la facultad otorgada a Milei para disolver, fusionar y modificar organismos públicos, una medida que generó controversia.

En esta etapa, el diputado Martín Menem lideró el debate, avanzando en la discusión de los capítulos más relevantes de la ley ómnibus. A pesar de las objeciones de algunos legisladores, como Myriam Bregman, el oficialismo logró imponer su agenda, obteniendo 135 votos a favor para la reforma del Estado.

Uno de los puntos más debatidos fue el referente a las privatizaciones e integración pública y privada de empresas estatales. Con 138 votos a favor y 111 en contra, se dio luz verde a la privatización de once empresas emblemáticas, entre las que se encuentran Aerolíneas Argentinas, Enarsa, y el Correo Argentino. La integración mixta también fue validada para empresas como Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Nucleoeléctrica SA.

La votación refleja la voluntad del oficialismo de avanzar en su agenda de reformas, a pesar de las críticas y divisiones en el espectro político. Con la aprobación de la ley ómnibus, se abre un nuevo capítulo en la historia legislativa del país, con implicaciones significativas para el futuro económico y político de Argentina.
El proyecto de Ley Bases delega en el Poder Ejecutivo nacional "las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases aquí establecidas y por el plazo dispuesto en el párrafo precedente”.

Según el Artículo 76 de la Constitución Nacional aclara que se "prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia púbica, con un plazo fijado para su ejercicio dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca".

Esto significa que, durante ese período, el Presidente puede ejercer funciones legislativas en esas materias a través de decretos, que luego deben ser controlados por la Comisión Bicameral legislativa.

Según la Constitución Nacional, la delegación legislativa es la "habilitación excepcional y limitada que el Congreso puede conferir al Poder Ejecutivo para que éste ejerza temporalmente algunas de las facultades legislativas que la Constitución otorga al Poder Legislativo".