"Los brutales procedimientos de la Inquisición son cumpleaños de 15 ante la telaraña tramposa tejida contra el ex gobernador Urribarri", escribió Burlando en su cuenta de X, tras la negativa judicial al recusamiento presentado.

"La justicia de Entre Ríos decidió sostener el complot contra Urribarri, con un argumento tirado de los pelos. Para nosotros no es un paso atrás sino todo lo contrario. Avanzaremos con fuerzas renovadas hacia la verdad y contra la injusticia. En las próximas horas presentaremos un recurso extraordinario, haremos nuevas denuncias y un habeas corpus. Vamos a ponerle freno a esta trama judicial más cercana a la Inquisición que a la justicia de un país serio", señalaron fuentes de la defensa.

El abogado Fernando Burlando, que al asumir la defensa del dos veces gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri, denunció la existencia de un complot judicial armado y apuntó con sensible información al respecto a los jueces Miguel Giorgio y Gisela Schumacher, pedirá el juicio político contra esos magistrados. Fuents judiciales dejaron trascender que las posibilidades de que el juicio proespere están directamente relacionadas con la cantidad de irregularidades procesales contenidas en la causa, asi como numerosas instncias de corte escandaloso vinculadas con favores e intereses a lo largo y ancho de un entramado que las fuentes describieron como "familia judicial". En ese plano, otra fuente adelantó que "se están profundizando las investigaciones sobre los vínculos de ambos magistados, sus allegados y en el caso del juez Giorgio, de su pareja".

Burlando considera que “el ex gobernador de Entre Ríos, ha sido objeto de persecución política y de arbitrariedades manifiestas que son inconciliables con una correcta administración de justicia”.

TORTURA MEDIOEVAL

En ese sentido, en las últimas horas fuentes de la defensa expresaron que "el derecho a ser escuchado por un tribunal imparcial no es un privilegio, no es una concesión, no es un favor. Es, lisa y llanamente un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar. Ese es el único camino hacia una justicia limpia y transparente y es la única manera de construir una sociedad mejor. Cualquier otra alternativa es falsa, es nula, no se corresponde con el concepto de civilización. Cuando se le quita a un ciudadano la posibilidad de ser escuchado por un tribunal imparcial se lo está sometiendo a una forma de tortura inadmisible. Negar justicia, negar garantías es lisa y llanamente una forma de suplicio y de tortura medioeval".

Según destacó el abogado “Esta situación requiere un remedio inmediato, porque se corre el grave riesgo de detener ilegalmente a una persona.” Ello -según explicó el profesional- podrá traer consecuencias administrativas y penales para los responsables que autoricen o consientan tamañas ilegalidades.

En este mismo orden de consideraciones, el renombrado letrado advirtió que “cada funcionario que haya abusado de su autoridad o incumplido la ley, tendrá que hacerse cargo de sus actos.”

Miguel Giorgio y Gisela Schumacher, los jueces del Tribunal Supremo a los que ahora se les pide juicio político por sentencias incompatibles con el Estado de derecho. El prestigioso Estudio jurídico de Fernando Burlando asumió la defensa del gobernador Sergio Urribarri

Por tal motivo, en las últimas horas se conoció el pedido de recusación contra los magistrados supremos Gisela Schumacher y Miguel Ángel Giorgio. Según pudo establecer este medio, los jueces del más alto tribunal provincial habrían recibido en el día de miércoles, pedidos formales para que se aparten del expediente por considerar que existen razones para temer sobre la parcialidad de sus resoluciones.

En efecto, con cita en diversos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Constitución Nacional, los letrados defensores de Urribarri requirieron al máximo tribunal que se solicita a diversas compañías de telefonía celular del país, los números de teléfonos que posean como titulares los jueces Giorgio y Schumacher así como los listados de llamadas entrantes y salientes de ambos titulares desde el 25 de agosto de 2023 hasta el día de la fecha. Con el convencimiento de que la justicia podría llegar a investigar la posible comisión de diversos delitos de acción pública se requirió la geolocalización de diversas líneas telefónicas y que la Dirección Nacional de Migraciones informe los ingresos y egresos del Dr. Miguel Giorgio al país desde el año 2.022 en adelante.

El equipo del Dr. Fernando Burlando se habría hecho eco de versiones según las cuales se desprendería que los expedientes contra Urribarri habrían sido gestados ilegalmente en el seno de ciertos sectores del poder judicial. En este contexto, voceros del ex mandatario afirmaron que “podríamos estar en presencia de una gigantesca causa armada” situación que también dejó entrever el abogado mediático al hablar de las “acciones penales y pedidos de juicio político” que resultarían inminentes, a la luz de los pedidos de recusación articulados en la mega causa contra el ex gobernador.

Según se publicó en diversos medios nacionales, podrían existir evidencias que comprometerían a los magistrados supremos ya que el proceso “estaría plagado de irregularidades” según las expresiones del propio Burlando en varios medios locales que lo entrevistaron.

El equipo de Fernando Burlando estaría evaluando una nómina de testigos que estarían dispuestos a declarar en el caso de concretizarse las acciones judiciales y administrativas. No obstante, el abogado Burlando fue muy cauto al respecto y prefirió no dar mayores precisiones sobre las eventuales denuncias contra jueces y fiscales aunque aseguró que “la sentencia condenatoria contra el ex mandatario estaba plagada de irregularidades y que violaba absolutamente un sinnúmero de preceptos vigentes tanto de la Constitución Provincial, de la Constitución Nacional y múltiples artículos del código de procedimiento penal en Entre Ríos …”

Entre las normas vulneradas, el equipo de Burlando mencionó la ley 19550; la ley provincial 5140 -de contrataciones de publicidad- la ley 11043 -que modificó dicha normativa- la ley 25520 -que exigía autorización judicial para recabar información sobre las comunicaciones telefónicas; la ley 24059 -cuyas formalidades para requerir el auxilio de fuerzas federales no se habría cumplido – y otro sin número e preceptos procesales y constitucionales, entre los que destacaron los artículos 209, 210, 211, 212 y 213 de la Constitución Provincial.

Estas “irregularidades se condicen con las informaciones periodísticas en cuanto a que podríamos estar frente a un nuevo escándalo judicial y político que pone de manifiesto los intereses de algunos magistrados concretos por lograr una condena arbitraria contra Urribarri”.

En este orden de consideraciones, se ha llegado a hablar de posibles “manipulaciones desde el exterior” que habrían motivado los pedidos de recusación del equipo de abogados y el inminente pedido de juicio político de Schumacher y Giorgio. En las próximas semanas, podría ingresar un pedido formal de juicio político contra los magistrados, debido a la gravedad de las arbitrariedades cometidas durante el proceso penal en el que se investiga la conducta del ex gobernador de la provincia y a la trascendencia institucional que un escándalo judicial de esta magnitud podría traer aparejado.

En las últimas horas, ha habido frenéticas comunicaciones entre disputados y senadores de la oposición que estarían acordando con ciertos sectores oficialistas que podrían dar luz verde del ingreso de los pedidos contra los magistrados. Es conocida la posición del actual gobernador de no inmiscuirse en cuestiones que tienen que ver con la justicia y -de existir pruebas que lo abalen – (se especula en la cámara de diputados) sería muy difícil que desde el gobierno realicen gestiones para frenar los pedidos de juicios políticos del equipo del Dr. Burlando.

La trama de conspiración ha adquirido incluso ribetes novelísticos al yuxtaponerse con trasfondos románticos. Fuentes judiciales que pidieron preservar su identidad hablaron de serias presiones sobre el voto de una de las juezas y las diligencias probatorias requeridas en el pedido formal de excusación, parecen estar encaminada a demostrar dicha posibilidad.

El Dr. Burlando llega a la defensa de Urribarri después de su participación como querellante en la investigación de la muerte de Berenice Gonzálvez en Entre Ríos, donde habría recibido información de primera mano sobre las causas contra el ex gobernador entrerriano. El equipo del profesional habló de “posibles abusos de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, falsedades ideológicas y hasta de un posible prevaricato.” El abogado destacó que “las eventuales causas que se inicien no prescriben mientras los funcionarios sigan en función judicial.” “La idea de que estos delitos no prescriban mientras los jueces sigan en funciones, es justamente evitar que puedan manipular las investigaciones valiéndose de los cargos que detentan.”

Sin embargo, el abogado mediático volvió a ser extremadamente prudente al referirse al Poder Judicial: “No hay que confundir a la opinión pública. No es el poder judicial”. “La mayoría de los jueces de Entre Ríos son excelentes” “Hay jueces honorables, de mucha solvencia, muy preparados, que trabajan muy bien pero justamente no son los que salen en los diarios.” “Paralelamente, hay muy pocos jueces muy puntuales, de ascensos meteóricos, que hacen carrera ejerciendo presiones indebidas mientras se pasean con sus parejas por playas de países lejanos”. “Estos elementos le hacen muy mal al poder judicial.”

En este contexto, el abogado aclaró que para fallar sobre una causa judicial, la Constitución exige que los jueces sean independientes e imparciales y que si existe un serio temor de parcialidad, ni siquiera tienen que esperar ser recusados. Cuando median circunstancias que ponen en duda su imparcialidad, los magistrados tienen la obligación de excusarse. Esta “es una regla para resguardar el derecho a un juicio justo” pero también, “la apariencia de un juicio justo”, puntualizó Burlando.

Al ser consultado sobre si las denuncias penales contra los jueces del superior y los pedidos de juicios político dependerían de que los magistrados no se excusen, el abogado prefirió no hacer comentarios al respecto. Pero fuentes cercanas al ámbito judicial especularon que si se excusan, sólo quedaría a salvo la responsabilidad de los jueces del máximo tribunal pero no la de los fiscales y los magistrados que cometieron las irregularidades en las instancias inferiores.

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